Ampliaron la denuncia en la causa contra Facundo Prades

Hace 1 mes Caleta Olivia

Se apunta contra el secretario de Hacienda del Municipio, que también está involucrado en el expediente que investiga la Justicia Federal por presunto “cohecho”. Ahora se apunta al “tráfico de influen

Ampliaron la denuncia en la causa contra Facundo Prades

Ayer Juan Paradiso, quien iniciara la denuncia contra el intendente Facundo Prades, su secretario de Hacienda, Marcos Antonelli y el de Planificación Municipal, Mauro Zacarías, por la cual se allanó el Municipio el pasado 31 de agosto, se presentó ante los estrados federales de la juez Marta Yáñez, en Caleta Olivia, a realizar una ampliación de esa denuncia para que la misma sea incorporada al expediente original. 

Esta vez la presentación apunta al secretario de Hacienda, acusándolo de “tráfico de influencias”. Las razones de Paradiso para hacer dicha acusación se basan en que familiares de Marcos Antonelli se adjudicaron la obra del supermercado que construyen los ciudadanos chinos en el predio comprado al Municipio en la ruta 12 (ex predio de COPESA).

El titular de la constructora es Romilio Peña Maturana y este sería tío materno de Antonelli. Afirman que el inicio de la empresa es coincidente en el espacio temporal con las ventas de terrenos fiscales a los ciudadanos de origen chino y “los pagos de coimas al intendente”, como así también con el inicio de la obra en el ex predio de COPESA.

Para Paradiso, eso implica que Antonelli cometió los delitos de “tráfico de influencias, violación de los deberes de funcionario público, entre otras tipificaciones de tipo penal, además de existir negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, afirmó en su escrito.

También asegura que la abogada de COPESA es la defensora de los ciudadanos chinos denunciados penalmente.

Paralelamente, también acompañó su escrito con los audios de la sesión en el Concejo Deliberante del jueves 31 de agosto, donde fueron a dar explicaciones Antonelli y Zacarías y según el denunciante, el primero se habría contradicho. 

Al tiempo que amplió su denuncia, Paradiso también solicitó una batería de diligencias a la Justicia Federal, como la toma de medidas preliminares y material de inspección que incluya investigar a personas afines al intendente Facundo Prades, por existir fuertes sospechas de ser testaferros. Asimismo pidió investigar sus viajes aéreos en 2016 y requerir documentación a otra jurisdicción, entre otras medidas.

Por último, también adjuntó al Juzgado Federal escritos presentados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y en la Unidad de Investigación Financiera (UIF), ambas con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vinculados a la causa penal contra Prades y otros, obrante en el tribunal a su cargo.

La causa

El pasado 7 de agosto, Paradiso denunció ante la Justicia Federal de Caleta Olivia que el intendente Facundo Prades y sus dos secretarios habían intervenido en una maniobra fraudulenta con empresarios chinos para la venta de tierras fiscales municipales. Su denuncia estaba fundada en la difusión de una cámara oculta que dio a conocer un canal de noticias nacional.

El encuentro filmado habría sucedido el 17 de marzo de 2016 en un hotel de la capital porteña, donde el intendente Prades habría recibido parte del dinero por parte de los empresarios, mientras que el segundo pago -que se habría efectuado de igual modo- habría sido trasladado por el mandatario municipal personalmente en el interior de una mochila. En su requerimiento de instrucción, el fiscal Lucas Colla describió las maniobras fraudulentas denunciadas, las cuales “habrían consistido en la venta irregular de tierras fiscales de dominio municipal (…) operatoria que habría sido concretada a partir del pago de dádivas por parte de un grupo de personas de origen chino (…) al intendente de la mentada ciudad”. En tal sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que debía investigarse la posible comisión de los delitos de cohecho, encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, infracción al Régimen Penal Tributario e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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