José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, Matías Mazú y Raúl Cantín, procesados por el manejo de la basura

Hace 1 semana Santa Cruz

Fueron procesados 5 ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos.

José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, Matías Mazú y Raúl Cantín, procesados por el manejo de la basura

El juez federal Claudio Bonadío procesó ayer a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos (PGRISU). Entre ellos hay funcionarios y ex funcionarios de Santa Cruz.

Se trata de una causa por la que ya estaban procesados los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa.

Según el juez Bonadío, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.

“Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, hayan sido cumplimentados”, sostuvo Bonadío en el fallo de 347 páginas.

“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos”, sostuvo el juez.

“Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del PGIRSU al que se habían obligado”, remarcó.

El magistrado agregó que tampoco pudieron “explicar por qué en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.

Entre los procesados santacruceños se encuentran José Córdoba, Teodoro Camino, José Bodlovic, Horacio Matías Mazú y Raúl Cantín, este último por el manejo irregular de 38 millones de pesos para lo que debía ser la construcción de una planta de tratamiento de residuos urbanos en Río Gallegos que nunca se concretó.

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Corrupción Kirchnerismo

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